Una de las prioridades en materia económica radica en proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar este impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca, lo antes posible, una recuperación de la actividad. Dicha protección ha de centrarse además en los sectores más afectados por la crisis, aquellos que se han visto obligados a suspender su actividad y, particularmente, en aquellos más sensibles como son trabajadores autónomos, pymes y microempresas.
